Política
La Justicia exige al Gobierno informes por más de $1 billón de fondos viales sin ejecutar
El juez federal Ernesto Kreplak dio trámite a un amparo colectivo y fijó plazos para que Economía, Vialidad Nacional y el Banco Nación expliquen cómo administraron los recursos del SisVial.
La Plata, 20 de agosto de 2026. La Justicia federal avanzó con un amparo colectivo que cuestiona el manejo de los recursos destinados al mantenimiento y la construcción de rutas nacionales. El juez Ernesto Kreplak solicitó informes al Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación.
La presentación busca que los fondos del Sistema Vial Integrado, conocido como SisVial, sean aplicados a su finalidad específica. El planteo también reclama la reactivación de trabajos en las rutas nacionales 3 y 5, dos corredores que atraviesan la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con balances, informes de cuentas y documentación oficial analizada por La Nación, el SisVial recaudó $1.503.252 millones desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta mayo de 2026. Durante ese período se utilizaron $394.406 millones en obras viales, por lo que la subejecución alcanzó el 73,8%.
Al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos o depositado en cuentas bancarias. El SisVial se financia con una parte del impuesto a los combustibles y fue creado para sostener la construcción, rehabilitación y conservación de la red vial.
Kreplak otorgó tres días para la presentación de los informes relacionados con las medidas cautelares solicitadas. Además, fijó un plazo de diez días para que los tres organismos respondan sobre la administración y el destino de los recursos cuestionados en el amparo.
Desde la Casa Rosada defendieron la política vial del Ejecutivo y aseguraron que el objetivo es reemplazar gradualmente el sistema tradicional de obra pública por inversiones privadas y acuerdos con las provincias. El vocero presidencial, Adrián Ravier, atribuyó las demoras al déficit heredado y a las condiciones económicas de los primeros años de gestión.
El expediente colectivo se tramita de manera independiente de las denuncias penales presentadas por dirigentes opositores, entre ellos la diputada Victoria Tolosa Paz. Esas actuaciones reclaman determinar si funcionarios nacionales incurrieron en malversación, administración fraudulenta o incumplimiento de sus deberes, acusaciones que todavía no fueron probadas.
La decisión judicial no establece que se haya cometido un delito, pero obliga al Gobierno a entregar información sobre uno de los principales cuestionamientos a su política de infraestructura. Las respuestas oficiales serán determinantes para que el juzgado resuelva si corresponde ordenar la ejecución de los recursos en las rutas nacionales.
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La presentación busca que los fondos del Sistema Vial Integrado, conocido como SisVial, sean aplicados a su finalidad específica. El planteo también reclama la reactivación de trabajos en las rutas nacionales 3 y 5, dos corredores que atraviesan la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con balances, informes de cuentas y documentación oficial analizada por La Nación, el SisVial recaudó $1.503.252 millones desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta mayo de 2026. Durante ese período se utilizaron $394.406 millones en obras viales, por lo que la subejecución alcanzó el 73,8%.
Al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos o depositado en cuentas bancarias. El SisVial se financia con una parte del impuesto a los combustibles y fue creado para sostener la construcción, rehabilitación y conservación de la red vial.
Kreplak otorgó tres días para la presentación de los informes relacionados con las medidas cautelares solicitadas. Además, fijó un plazo de diez días para que los tres organismos respondan sobre la administración y el destino de los recursos cuestionados en el amparo.
Desde la Casa Rosada defendieron la política vial del Ejecutivo y aseguraron que el objetivo es reemplazar gradualmente el sistema tradicional de obra pública por inversiones privadas y acuerdos con las provincias. El vocero presidencial, Adrián Ravier, atribuyó las demoras al déficit heredado y a las condiciones económicas de los primeros años de gestión.
El expediente colectivo se tramita de manera independiente de las denuncias penales presentadas por dirigentes opositores, entre ellos la diputada Victoria Tolosa Paz. Esas actuaciones reclaman determinar si funcionarios nacionales incurrieron en malversación, administración fraudulenta o incumplimiento de sus deberes, acusaciones que todavía no fueron probadas.
La decisión judicial no establece que se haya cometido un delito, pero obliga al Gobierno a entregar información sobre uno de los principales cuestionamientos a su política de infraestructura. Las respuestas oficiales serán determinantes para que el juzgado resuelva si corresponde ordenar la ejecución de los recursos en las rutas nacionales.